Elementos de gestión para la restitución del derecho vulnerado a la salud de los pacientes en Cali. Estudio de caso de la oficina del servicio de atención a la comunidad

Abstract

En Colombia el sistema de salud está bajo la rectoría del Ministerio de Salud, quien delega la afiliación y la gestión del riesgo de salud en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, conocidas como las EPS (Entidades Promotoras de Salud). Son estas quienes se encargan de garantizar en los asegurados (afiliados) todos los servicios que necesiten cuando se encuentren en una condición de enfermedad. Para ello, deben contratar a las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios) quienes se encargan de prestar los servicios de salud. (SENADO, Ley 100 de 1993).

A las EPS les ingresa el recurso económico por el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El primero es pagado por quienes tienen capacidad de pago, el segundo lo cubre el gobierno cuando una persona tiene un puntaje inferior a 54,86 dado por el SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) (DNP, SISBEN, 2017).

Para controlar que efectivamente las EPS garanticen la atención a sus afiliados, Existe la Superintendencia Nacional de Salud. Ésta entidad tiene como uno de sus objetivos “Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud.” (Supersalud, SuperIntendencia Nacional de Salud, 2017) Es la única en Colombia con capacidad de realizar acciones sancionatorias en contra de las EPS, cuando éstas no cumplan con la garantía de la prestación de servicios a sus usuarios.

Debido a las múltiples dificultades que se presentan para que los colombianos reciban con eficiencia, eficacia y oportunidad los servicios de salud, la corte constitucional estableció en la Sentencia T-760 de 2008, que la Salud es un derecho fundamental: “Debe ser respetado por las entidades responsables de asegurar y prestar servicios de salud” (Corte Constitucional, 2008).