Efectividad de la acción popular como mecanismo de protección al derecho del espacio público en torno a obstrucciones por parte de particulares en el municipio de Tulua, Valle del Cauca en el año 2015

Abstract

Colombia con la adopción del modelo de Estado Social de Derecho trajo consigo una serie de cambios con la Constitución Nacional de 1991, como fue el elevar a rango constitucional un mecanismo de protección denominado acción popular, consagrado en el Art 88 inciso primero de la misma. Acción que pretende proteger los derechos e intereses colectivos y difusos, es decir los relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia económica, entre otros.

En este trabajo nos centraremos en la acción popular en relación con el espacio público. Respecto de ello, la Carta Política expresa en su Art 82 que “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y de la destinación al uso común, el cual prevalece sobre el particular”. En tal sentido, la Ley 9 de 1988 en su Artículo 5º define el espacio público como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes”Por su parte, el Artículo 26 del decreto Nacional 1504 de 1998 expresa que: los elementos constitutivos del Espacio Público y el Medio Ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil.

Igualmente el Código Penal sobre el particular contempla que el incumplimiento de los fallos que expida el juez en desarrollo de la acción popular configura la conducta prevista en su artículo 184 denominada "Fraude a resolución judicial”.Se colige entonces que, siendo el espacio público un bien de uso común y que por tanto hace parte de los derechos colectivos susceptibles de protección constitucional por medio de una acción idónea como lo es la acción popular y que cualquier persona está legitimada para interponerla, en Colombia se ejerce de manera continua este mecanismo con el fin de proteger un derecho colectivo vulnerado o en su defecto evitar que se cause agravio injusto a una persona con el uso inadecuado de estos espacios pertenecientes a toda la comunidad del territorio

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Nacional. El argumento de las personas que invaden el espacio público se basa en que en Colombia se protege la propiedad privada según lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia de C-133 de 2009. Debido a lo anterior se puede aclarar que a pesar que la propiedad privada es un derecho de cada persona y que sus atributos son el uso, goce y disposición, hay limitaciones en su ejercicio cuando el espacio es de la utilidad pública y en interés social; pues sí bien es cierto, el espacio público y los bienes de uso común permiten a la sociedad interactuar e interrelacionarse, pues es un medio que posibilita el desarrollo de cada persona dentro de una colectividad, convirtiéndose en un elemento fundamental tanto para el desarrollo de cada localidad e incluso del país mismo, como para la sostenibilidad de la sociedad y su calidad de vida, no se puede ir en contra de los derechos colectivos de los ciudadanos interpretando la ley a la conveniencia de los particulares.