Perspectiva general sobre la pérdida de investidura como sanción imprescriptible, aproximación a los conceptos de pena y sanción

Abstract

Es un hecho que con la entrada en vigencia de la Carta Magna de 1991, el Estado Colombiano se vio investido de una serie de facultades que le permiten en la práctica hacer más eficiente la administración pública, depurando las instituciones de aquellos funcionarios que incumplen con los deberes constitucionales y legales; una de las acciones que permite llevar a satisfacción el mentado objetivo es la denominada Acción Pública de Perdida de Investidura, la cual se encuentra instituida para sancionar a aquellos servidores públicos elegidos por voto popular que incumplen determinados deberes constitucionales y legales, en igual sentido esta acción se ha constituido en una herramienta eficaz para la conservar la dignidad de las Corporaciones Públicas. La acción pública aquí en mención tiene una característica especial y es que al sujeto que ha sido sancionado con la misma, se le priva de por vida de la posibilidad de aspirar nuevamente a cargos públicos de elección popular, circunstancia esta que haría pensar a simple vista que se trata de una sanción imprescriptible que iría en contravía de lo preceptuado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, sin embargo la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema en particular y ha considerado que la sanción que acarrea la perdida de investidura no vulnera el precepto constitucional en mención.

En el presente artículo se analizara los argumentos tenidos por el Alto Tribunal Constitucional para restringir un derecho político a perpetuidad, y además de ello explicara las características que diferencian los conceptos jurídicos aparentemente similares de pena y sanción.