¿Garantizan las medidas cautelares en los procesos de tutela la efectividad del derecho a la Salud?

Abstract

La Constitución de 1991 instauró en su artículo primero que Colombia es un Estado social de derecho (Constitución Política de Colombia, 1991) que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantiza la efectividad de aquellos derechos que son quebrantados.En este sentido el ciudadano encuentra la verdadera protección de los derechos fundamentales en la acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, que conforme a la ley es un recurso preferente y sumario, el cual se encuentra reglamentado en el Decreto 2591 de 1991 y se apela a él para salvaguardar dichos derechos que son amenazados por parte del ámbito público o privado. La Corte Constitucional en su Sentencia 406 de 1992 manifestó que es función del juez “la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales”, es decir velar por el interés general y hacer uso de la discrecionalidad interpretativa con el propósito de tomar una decisión justa con base a la Constitución de 1991, los principios y las normas.Por otro lado, a través de la Ley 1437 de 2011, se reglamentan las medidas cautelares como instrumentos jurídicos que protegen de manera provisional la integridad de un derecho fundamental que se encuentra en un proceso de tutela, mientras se dicta el fallo final de dicho proceso.No obstante, de acuerdo con estudios realizados por la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, se evidencia la falta de efectividad de las medidas cautelares a nivel nacional y a través de ellos se pretende problematizar y evidenciar la inefectividad de la aplicación de las medidas cautelares cuando éstas son solicitadas en los procesos de tutela, haciendo énfasis en los casos en los que se vulnera el derecho a la salud.