Responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en la jurisprudencia del Consejo de Estado

Abstract

El artículo 90 de nuestra Carta Política estableció el Principio de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cimentado en el concepto de daño antijurídico que no es otro que aquel que se produce a un particular, sin que se encuentre obligado por una disposición normativa o un vínculo jurídico a soportarlo. Daño antijurídico que además debe ser imputado por acción o por omisión a las autoridades públicas.

Esta disposición constitucional fue desarrollada por el Decreto Ley 2700 de 1991 mediante el cual se estableció dos formas de responsabilidad por error judicial, a saber: la responsabilidad estatal por error judicial derivado de la exoneración de responsabilidad penal a través de la acción de revisión y responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Frente a esta última indico que era consecuencia de los daños producidos por la detención provisional, cuando la misma se torna injustificada dada la exoneración posterior del detenido, ya fuera porque el hecho no existió, porque el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía delito. A su vez la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en los artículos 65 al 74 estableció el régimen de responsabilidad por actividades jurisdiccionales, indicando responsabilidad por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad y por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.