Responsabilidad estatal fundada en el error judicial. Aspectos generales

Abstract

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia del 1991 abrió la puerta para que el legislador regulara la responsabilidad estatal derivada de su actividad jurisdiccional, pues con la anterior carta política, en procura de los principios de la cosa juzgada y seguridad jurídica, no era admisible la declaratoria de responsabilidad derivada de un error judicial, el Estado solo respondía por su indebido funcionamiento, como cuando se perdía títulos judiciales en los juzgados; sostenía la jurisprudencia, que el daño antijurídico ocasionado por una autoridad judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, era un riesgo que los administrados se encontraban en la obligación de asumir dentro del Estado de derecho, pues, de cualquier forma contaban con acción en contra de la persona natural, es decir el juez cuya determinación resultó lesiva. El cambio favoreció a los particulares en tanto hoy en día pueden buscar que los perjuicios ocasionados por la administración de justicia derivados de una decisión ilegal le sean resarcidos, pero abrió una enorme brecha con respecto a la autonomía e independencia de los sentenciadores al momento de emitir sus decisiones, en tanto, son principios que ahora gozan de una preponderancia relativa.