El daño a la salud, en la jurisprudencia del consejo de estado, frente al principio de reparación integral

Abstract

La actividad jurisdiccional del Estado implica, además del ejercicio de propender por la prestación de justicia, más que simple derecho, una constante evolución de criterios, teorías y conceptos representados en la emisión de frecuentes decisiones. Ello, sin duda, en la práctica del derecho se presenta con la participación de los jueces, la procuraduría (en algunos eventos), las partes procesales y los abogados, siempre motivado por unos hechos con características disimiles en cada caso particular que llevan a pronunciamientos judiciales que edifican el arquetipo de justicia que se erige, en términos generales, en la vida jurídica de nuestro País. En ese escenario de la generación de decisiones, se precisa el estudio en una de aquellas de las que han surgido del Consejo de Estado, como órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para adentrarnos a revisar, reprochar y proponer cambios al trasfondo de la sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), expediente 0512331000200700139 01, radicación interna 38.222, en la que actuó como Consejero ponente el Doctor Enrique Gil Botero, y respecto de la cual no se comparte lo expuesto en ella en tanto afrenta derechos y principios de inmaculada protección en un Estado de Derecho (que se dice social) que debe dirigir sus actuaciones hacia la mayor garantía de ellos para satisfacción de las necesidades, más aun cuando ellos se originan en daños generados por el Estado. No es que se pretenda hacer una propuesta que conlleve a pedir cualquier tipo de daño de manera indiscriminada o que no deba corresponder a la realidad de lo perpetrado, pero sí se dirige a controvertir la postura del alto tribunal de lo contencioso administrativo para que adopten (o si se quiere, se retorne) criterios indemnizatorios realmente ajustados a las realidades de los aconteceres y la teoría de daños, que no busquen enriquecer injustamente, pero tampoco desconocer la justa retribución, en armonía con un respeto a la reparación integral del daño.