Antinomias constitucionales sobre las potestades sancionatorias del procurador general de la nación frente a los funcionarios de elección popular en Colombia a partir del 2006

Abstract

Teniendo en cuenta las causas y efectos que generan las facultades otorgadas por los artículos 277 y 278 de la Constitución Política de Colombia de 1991, al Procurador General de la Nación, para sancionar a funcionarios de elección popular y demás funcionarios, a través de procesos de carácter administrativo y distintos al proceso penal. Siendo el Director Supremo del ministerio público, y más, tratandose de normas constitucionales, las que se han usado como sustento jurídico constitucional para la creación de la ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario); normativas que actualmente se contradicen con los artículos 40 (derecho fundamental), 98 y 99 (derechos sociales económicos y culturales) de la Carta Política.

Con fundamento en las normas constitucionales mencionadas (277 y 278 constitucionales) y en el Código Disciplinario Único, el Procurador General de la Nación, se consagra la imposición de sanciones disciplinarias a funcionarios de elección popular y demás, la cuales van, desde simples amonestaciones, hasta la terminación con destitución de los cargos de elección popular, como Senadores, representantes a la cámara, Diputados, Concejales, Gobernadores y Alcaldes; con sanciones de inhabilidad para ser elegido, poder elegir, desempeñar cargos públicos, y restricción al ejercicio de hacer uso del voto, con supresión del censo electoral.