La competencia de los árbitros en materia de actos administrativos contractuales proferidos en virtud de cláusulas excepcionales: Una crítica a su apertura doctrinal de cara a la jurisprudencia nacional

Abstract

Hoy en día existe un consenso académico y jurídico acerca de la necesidad de la existencia y aplicación sistemática de diversos métodos alternativos de solución de conflictos que son útiles para descongestionar los despachos judiciales y para que el derecho al acceso a la justicia se pueda materializar de una forma mucho más eficaz en determinados casos.

Es decir, la intención del legislador, en primer lugar, y del Constituyente de 1991, un poco después, fue estatuir una justicia diferente, impartida por particulares y eminentemente transitoria; pero la justicia alternativa y sus métodos, tales como la transacción, la conciliación, la amigable composición y por supuesto, el arbitraje, no son herramientas que tengan la entidad suficiente para reemplazar a la jurisdicción del Estado, o si se quiere, no pueden convertirse en elementos de una justicia paralela en la que exista completa indeterminación respecto a los asuntos sometidos a su conocimiento, al poder vinculante de sus decisiones, al alcance de la capacidad funcional de quienes detentan el poder para emitir determinada decisión, etc.

Ese es precisamente el problema que, una vez más, aborda el trabajo que a continuación se desarrolla, pero enfocado en su punto más crítico, a saber: la competencia de los tribunales de arbitramento en tratándose de asuntos de carácter administrativo o público. En ese orden de ideas, se parte de la definición conceptual del arbitraje como un método alternativo de solución de conflictos en donde se difiere la solución de una controversia a un particular llamado árbitro quien decidirá en derecho o en equidad, según el caso, un asunto que necesariamente debe tener carácter transigible; acto seguido, se hace una mención de las teorías que fundamentan el estudio del arbitraje desde el punto de vista jurídico: la teoría contractualista y la procesalista, para concluir, de la mano de la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional y foránea, que en Colombia, más aun con la Ley 1563 de 2012, impera las dos escuelas, es decir, se entiende el arbitraje como el resultado de una cláusula compromisoria o un compromiso, que no son más que la expresión de la autonomía de la voluntad de las partes dentro de la ejecución de un contrato, pero también se concibe al arbitraje como el desarrollo de un proceso regido por etapas cuya finalidad es la emisión de un laudo con fuerza de cosa juzgada.