El Detrimento patrimonial del estado a consecuencia de acciones temerarias, propuestas en el mal uso de la acción de reparación directa

Abstract

La responsabilidad objetiva del Estado, es una responsabilidad civil, es decir, de contenido económico. Esta característica, es reflejo de la función que cumple esta rama de la responsabilidad jurídica: mientras que la responsabilidad penal sanciona a un culpable mediante la aplicación de una pena, la responsabilidad administrativa lo mismo que la responsabilidad civil tiene por objeto restablecer un desequilibrio, una pérdida apreciable en dinero, mediante el otorgamiento de una reparación pecuniaria, ante situaciones en los cuales los asociados no están obligados a soportar.

La inserción en nuestro sistema jurídico del concepto de daño antijurídico como fundamento único de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, es un fiel reflejo de dicha función resarcitoria, en la cual se le presta mayor atención al daño causado al ciudadano que al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y la conducta del agente generador del daño. Es claro pues, que el cimiento de toda la responsabilidad estatal está constituido claramente por el daño antijurídico, el cual no es más que la clara expresión del principio de igualdad de los ciudadanos frente a la ley, establecidos en los principios constitucionales de solidaridad e igualdad consagrados en nuestra constitución en los artículos 1 y 13 respectivamente.