Los contratos administrativos desde la óptica del principio de la buena fe, la confianza legítima y la teoría del acto

Abstract

Los principios generales del derecho sirven de fundamento al ordenamiento jurídico, y cumplen funciones de interpretación e integración de las normas. De esta manera, dentro de textos de gran relevancia para el ordenamiento jurídico, se explica que “de las normas particulares formuladas por el legislador no siempre puede obtenerse un principio capaz de resolver los nuevos casos que se presentan; la función del juez es posible, pues la misma ley ha acogido, además de la interpretación analógica, los principios generales del derecho”(Veghio 1933). Dentro de la estructura jurídica colombiana, la Buena fe juega un papel muy importante, pues este se ha nominado el principio rector de la mayoría de actos y actuaciones que componen el desarrollo de actividades jurídicas de los individuos, sin embargo hay cierta coyuntura entre el concepto que se maneja a nivel de doctrina científica y jurisprudencial al momento de tratar su alcance, estructura y funciones.

Ahora bien, desde el concepto de principio, nos adentramos al concepto que la buena fe lo componen premisas de cláusulas abiertas que permiten abordar criterios normativos en toda su extensión, es decir que su fundamentación constitucional puede servir como base a muchas reglas para que las mismas sean aplicadas con criterios garantistas y razonables. Actuar bajo los preceptos de la buena fe, es atender con postulados de proporcionalidad, eficacia, eficiencia, equidad, imparcialidad, seguridad jurídica, confianza legítima, el deber de actuar con diligencia y prudencia en la actividad jurídica (Gonzales1983).