Control de legalidad jurisdiccional de los actos administrativos de índole disciplinaria

Abstract

El debido proceso es una garantía constitucional que se encuentra inmersa en todo tipo de actuaciones del Estado, sean éstas judiciales o administrativas. En sede disciplinaria, el debido proceso se erige como uno de los principios rectores que garantiza un enjuiciamiento en el cual el implicado pueda ejercer sus derechos de contradicción e impugnación. El acto administrativo resultante de dicho procedimiento se presume legal, entre otras razones, porque fue emitido dentro de un procedimiento reglado en el que se contó con la participación del disciplinado; no obstante lo anterior, ello no indica que dicho acto no sea susceptible de ser controlado por vía judicial cuando aparece de manifiesto que a pesar del estricto procedimiento, se generó algún tipo de vicio en la decisión. Debe aclararse sin embargo que el control de legalidad de los actos administrativos de índole disciplinaria, en modo alguno se convierte en una tercera instancia, sino que aquel proceso es un control de legalidad a la decisión de la autoridad disciplinaria, circunstancia que no genera violación a la discrecionalidad de la autoridad disciplinaria