El derecho de petición en el municipio de Yotoco

Abstract

La Constitución de 1991 que define a Colombia, como un estado social de derecho, establece una serie de garantías y derechos para los ciudadanos colombianos; el definido en el artículo 23, con relación al derecho de petición, que es de particular interés en el respeto por los derechos fundamentales, ante las autoridades o entidades que lo estén vulnerando. Toda Constitución, nueva como la nuestra, debe ser reglamentada por leyes ordinarias, reglamentarias o estatutarias.

Inicialmente este derecho de petición, fue reglamentado y quedo inmerso en la ley ordinaria 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; pero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia 818 de 2011, en virtud a que fue incorporado, en el Título I, Capítulo I, artículos del 13 al 33, de este, el cual fue agregado mediante una ley ordinaria, cuando debió tramitarse por una ley estatutaria.

Las circunstancias anteriores obligan al Congreso de la Republica, a dictar la ley 1755 de 2015, que como ley estatutaria, reglamente de manera específica, el ámbito de la aplicación del derecho de petición en todas las entidades públicas y en las privadas, que manejen dineros públicos o presten servicios públicos, o cuando se trate de temas relacionados con vulneración de derechos fundamentales.

Esta situación demanda un proceso organizativo en las alcaldías municipales, con el fin de dar una respuesta efectiva y eficaz a los derechos de petición presentados por los ciudadanos.

El Municipio de Yotoco, no es ajeno a este proceso organizativo que debe generarse a partir de la ley 1755 de 2015, puesto que existe algunas inconsistencias que es necesario resolver y que el presente trabajo de investigación acomete.