La regulación del derecho de petición en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo expedido por la ley 1437 de 2011

Abstract

La Constitución Política colombiana de 1991 contempla el Derecho de Petición en el artículo 23, dentro del Capítulo 1, “De los derechos fundamentales”, del Título II, “De los derechos, las garantías y los deberes”: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Es importante precisar, en principio, que cualquier estudio con intenciones de introducirse en el tema planteado implica la revisión de los alcances de esta figura antes y después de ser expedida la Constitución Política de 1991. Se trata, por tanto, de seguir una línea metodológica como guía de investigación1, que contemple sus elementos esenciales como una estructura orgánica. En esa línea, al establecer el análisis del Derecho de Petición en el contexto del nuevo ordenamiento de lo contencioso administrativo, es claro que el punto de referencia básico lo constituye la Constitución misma. En particular, por su connotación histórica, dado que, desde el comienzo de la vida política independiente del país, el de Petición ha sido considerado como un derecho esencial del ciudadano.