El Proceso De Paz Frente A Los Delitos Políticos.

Abstract

El marco jurídico para la paz, es una herramienta constitucional que se crea para lograr de manera pronta y justa una salida negociada al conflicto, ya que el objetivo de este proceso de paz es facilitar la transformación de un grupo armado al margen de la ley en un movimiento político en democracia. El acto legislativo 01 del 2012 que hace referencia al artículo 66 transitorio de la Constitución Política de Colombia, sienta las bases de la que será una estrategia de justicia transicional en el evento de que llegue a un acuerdo final de paz con los grupos al margen de la ley y el artículo 67 transitorio crea cuales son las condiciones para la reintegración política de los excombatientes de aquellos grupos desmovilizados. El gobierno nacional expone que con el artículo 67 transitorio se busca romper el vínculo entre política y armas y de reestablecer una regla básica de la democracia para que así nadie tenga que recurrir a las armas para promover sus ideas políticas y que no existan más víctimas de la violencia por ideas políticas. El artículo 67 transitorio representa un eje de intersección en el cual se cruza una ratificación implícita de la inhabilidad general para participar en política, esto en motivo de existir una condena privativa de la libertad y la necesidad de delimitar como excepción a dicha inhabilidad general. Se ha definido que son delitos políticos aquellos que el Código Penal presenta bajo el título de delitos contra el régimen constitucional y legal como lo es el de rebelión, sedición y asonada, asi mismo ha sido reconocido en la Sentencia C-986 del 2010 Magistrado Ponente LUIS ERNESTO VARGAS SILVA pues establece que el legislador confiera el carácter de conexos a otros tipos penales siempre que cumpla con las condiciones de razonabilidad y proporcionalidad. La conexidad es una figura técnica que permite al estado aplicarle los beneficios constitucionales de amnistía e indulto de los delitos políticos a otra serie de delitos que sean necesarios de manera objetiva o por la finalidad para el resarcimiento de los delitos de rebelión, sedición, asonada o conspiración entre otros, los cuales están dentro del ordenamiento jurídico.