Protección Constitucional al mínimo vital por el pago de incapacidades del trabajador Colombiano.

Abstract

El presente ensayo trata de un tema altamente sensible y de enorme importancia para la seguridad social. Se trata del desarrollo contexto de la afectación del mínimo vital del trabajador y de su familia cubriendo la atención necesaria para la rehabilitación física y mental y el correlativo apoyo para preservar la calidad de vida de quien se ve disminuido en su salud y la de su familia.

Partiendo por dimensión académicamente las implicaciones del derecho fundamental al mínimo vital individual presupone que el Estado, y ocasionalmente los particulares, cuando se reúnen las condiciones de urgencia, y otras señaladas en las leyes y en la jurisprudencia constitucional, están obligados a suministrar a la persona que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano.

Desde la correlación del derecho a la seguridad social protege a las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral en el marco del Estado social y de derecho.

Si se tiene en cuenta que la prestación con la cual la ley protege al trabajador que soporta una incapacidad por enfermedad no profesional tiene como finalidad otorgar el amparo necesario para la recuperación de la salud y las condiciones de productividad, nada impide que a las personas respecto de las cuales resulta evidente su particular y precaria situación económica en relación con la capacidad adquisitiva de bienes necesarios para la subsistencia, sean objeto de un tratamiento diferenciado, pues éstas entran a conformar las minorías objeto de especial protección constitucional.